La capacidad de la Justicia Previsional está desbordada.

En lo que va de 2010 -desde enero hasta mayo- la ANSeS canceló 8.559 sentencias favorables a los jubilados. Por el otro lado, en el mismo período, se iniciaron en los Tribunales de la Seguridad Social más de 40.000 nuevos juicios por mala liquidación o diferencias en los haberes.

Así, al ingresar cinco veces más causas que las que se cancelan, el stock de juicios contra la ANSeS está creciendo a un ritmo tal que los Juzgados y la Salas de la Seguridad Social consideran que están desbordados y “en situación de colapso”. Al mismo tiempo, la ANSeS está destinando más dinero a cancelar sentencias -casi $ 3.000 millones están previstos para 2010- pero eso no impide que siga acumulando un pasivo más que preocupante, que se agranda por las retroactividades e intereses.

En 2009, se iniciaron 103.600 juicios y la ANSeS liquidó unas 30.000 sentencias. Y entre 2002 y 2009, entre bonos y efectivo, la ANSeS, pagó sentencias por más de $ 6.000 millones a unos 160.000 jubilados.

De todas maneras, como no todos los jubilados recurren a la vía judicial, en el Gobierno consideran que es mayor el “ahorro” que obtiene de no extender a todos los jubilados los reajustes ordenados por la Justicia que los costos de afrontar las sentencias.

Gran parte de los juicios son por reclamos de ajuste de los haberes luego de la crisis de 2001-2002. La mayoría pide que se les aplique la llamada “doctrina Badaro”, en alusión al caso en que la Corte Suprema ordenó un ajuste de 88,6% por el período que va de enero de 2002 a diciembre de 2006 cuando en ese lapso el Gobierno dio aumentos generales de entre el 10 y 22%. Para cobrar ese ajuste, cada jubilado debe iniciar un juicio porque el Gobierno no lo extiende a todos los jubilados que están en la misma situación.

En esos casos, la ANSeS se comprometió a no apelar los fallos de primera o segunda instancia que sean similares al caso Badaro. También se comprometió a hacer lo mismo con las sentencias a favor de los jubilados docentes e investigadores científicos por la movilidad del 82 o 85%, como lo resolvió también la Corte.

Sin embargo, los abogados previsionalistas dicen que eso no se está cumpliendo. Y que en muchos casos y a pesar de tener una sentencia favorable de Cámara, el jubilado debe iniciar un juicio de ejecución para lograr el efectivo cumplimiento de la sentencia que luego la ANSeS apela, dilatando aún más la liquidación de la sentencia. Todo esto demora la causa durante muchos años.
También hay muchos juicios de los retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad porque les calcularon las jubilaciones sin incluir los rubros no remunerativos. También en este punto, al Corte Suprema determinó que las sumas “no remunerativas” son parte del sueldo y deben ser consideradas para el cálculo de la jubilación.

Así el Gobierno, y la propia Justicia, en lugar de extender a todos los potenciales beneficiarios la jurisprudencia de la Corte obligan a cada jubilado a ir a juicio. La acumulación de causas es tal que el viernes pasado, en una Acordada, la Cámara Federal de la Seguridad Social consideró que “está colapsada”. Y se pronunció por crear una cuarta Sala y 5 juzgados más.

“Crear más juzgados y más Salas dejando intacto el oprobioso sistema judicial actual diseñado por Domingo Cavallo en el año 1995 en perjuicio de los jubilados -obligándolos a promover un juicio ordinario de 7 años para gozar de una garantía constitucional-, es como limitarse a comprar más y más camas en un hospital, en lugar de concentrar todas las energías en procura de destruir el virus que ocasiona la enfermedad endémica”, dice el camarista Luis Herrero que votó en contra de la Acordada.