La Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados expuso ayer en Rosario sus demandas al Gobierno "por un Bicentenario sin hambre, con pleno empleo, con el 82% móvil, un haber mensual
no menor al vital, mínimo y móvil, y una nueva ley de jubilaciones". Firmaron un petitorio con demandas que será entregado al Ejecutivo. "Señora presidente: está en sus manos corregir las
injusticias", le plantean en la misiva. Y le solicitan "un aumento de emergencia que definitivamente resuelva" las necesidades básicas del sector. Desde los pasacalles, reclamaban "por una
jubilación digna de 1.600 pesos".
Las decenas de entidades de jubilados están que trinan. Y es porque, en marzo, tuvieron un aumento semestral -hasta septiembre- del 8,21% que ya fue devorado por la inflación y, más aún, por
la fuerte suba de los precios de los alimentos. Ahora los anuncios de los convenios salariales con aumentos inmediatos de entre el 20% y 30% y básicos mínimos cercanos a $ 3.000 mensuales les
marca a casi 6 millones de jubilados y pensionados que no pueden esperar hasta septiembre para percibir el próximo aumento que fija "la ley de movilidad".
En el caso de los jubilados docentes, que tienen derecho al 82% móvil, la queja es mayor porque en marzo el ajuste fue de sólo 0,98%. Y la bronca es tan grande que convocaron para el jueves
27 a una concentración frente al Congreso.
La presión también se manifiesta en que cada vez son más los jubilados y pensionados que hacen juicio reclamando que se les ajuste el haber de acuerdo a los fallos judiciales o se les reponga
la proporción con el sueldo de los activos. De acuerdo a las cifras judiciales de la Cámara Nacional de la Seguridad Social, ya se inicia unos 10.000 juicios por mes.
Esta presión se trasladó al Congreso, donde se presentaron proyectos de ley para establecer que el haber mínimo de $ 895 se iguale al sueldo mínimo y los haberes se calculen en base al 82%
del sueldo de la actividad.
Según Artemio López, de la Consultora Equis, entre enero y abril, la inflación promedio fue de 10,98%, mientras los precios de los alimentos subieron 17,6%. Así, en apenas cuatro meses, la
inflación se comió con creces el aumento de los haberes de seis meses.
Además, la jubilación mínima de $ 895, que cobra 75% de los jubilados, quedó más que desfasada porque representa una tercera parte de los nuevos sueldos mínimos que están fijando las
paritarias.
En tanto, con la inflación y los aumentos de sueldos, la ANSeS recauda más porque los aportes y las contribuciones y la parte de los impuestos que van a la Seguridad Social se hacen sobre
niveles salariales y precios más altos. Y los beneficios siguen sin cambios.
La ley de movilidad fija que los haberes jubilatorios se ajustan dos veces por año (en marzo y septiembre) por una fórmula que tiene dos índices:
El primero, combina por mitades el incremento de los salarios (el mejor entre el del INDEC y el RIPTE de la Seguridad Social) y la suba de los impuestos que van a la Seguridad Social, por la
cantidad de beneficios pagados, entre semestres calendarios.
El segundo, toma la mitad de la variación de los ingresos totales de la ANSeS de 12 meses, también por beneficio, acrecentado 3%. De ambos índices, se elige el menor. Así, además de tomar en
cuenta el índice menor, en los períodos de aceleración inflacionaria, como el actual, los ajustes sufren un considerable retraso porque se calculan sobre variables de 6 y 12 meses
antes.
Informe: Mauro Aguilar (Rosario)