La Argentina debe encarar varias reformas en su sistema de jubilaciones, entre ellas la universalización del beneficio y que el monto del haber mínimo se discuta en paritarias. En cambio,
por ahora no haría falta elevar la edad jubilatoria.
Así lo planteó el director del Centro Interamericano de Estudios de la Seguridad Social ( CIESS), el argentino Miguel Fernández Pastor, al inaugurar el Seminario sobre Sustentabilidad de
los Sistemas Públicos Previsionales que se desarrolla en forma conjunta con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en esta ciudad. El CIESS reúne a todos los países del continente,
desde Canadá a la Argentina.
"Argentina ya elevó la edad jubilatoria en 1994. Es de 65 años tanto para mujeres y varones autónomos y monotributistas y de 65 años para los varones y de 60 años con opción a 65 para las
mujeres en relación de dependencia. O sea, ya está al nivel al quieren llegar muchos países avanzados, como por ejemplo Francia", dijo Fernández Pastor. Pero Argentina necesitaría otras
reformas, agregó:
Haber mínimo: Como la jubilación es un salario diferido, el monto del haber mínimo debería ser discutido en paritarias, entre los sindicatos, los empleadores y el Estado de tal manera que
respete una proporcionalidad racional con el sueldo medio de la economía. De esta manera, no habría un tratamiento diferente entre trabajadores activos y pasivos.
Resolver la litigiosidad que hoy tiene el sistema, en particular el tema Badaro, mediante una propuesta realista y razonable a todos jubilados alcanzados por el fallo de la Corte
Suprema.
Universalizar el sistema: hacer permanente la posibilidad actual de jubilarse a los 65 años, completando los años de aportes faltantes con moratoria. Esta alternativa es justa y
financiable porque el grueso ya se jubiló por esta vía y el sistema se financia con impuestos que pagan todos, hayan o no hecho los aportes previsionales.
Esta universalización implica eliminar la jubilación por edad avanzada (más de 70 años) y las pensiones no contributivas que tienen un alto componente discrecional y clientelístico. El
ahorro que generaría la eliminación de estos dos beneficios ayudarían a financiar el sistema universal.
Eliminar el tope de 35 años para el cálculo de la jubilación. Hoy el sistema reconoce el 1,5% del sueldo promedio de los últimos años por cada año de aporte, pero solo hasta 35 años. La
realidad marca que mucha gente aporta y puede aportar muchos años más. La eliminación del tope incentivaría a que la gente quiera tener más aportes, permaneciendo más tiempo en el
sistema.
Jubilaciones por invalidez: Hoy obtienen esta prestación los que se incapacitan en forma absoluta (más del 66%) para toda actividad. Lo que se propone es que se evalúe esa incapacidad
para la actividad profesional que el trabajador desarrollaba al momento de la invalidez. Por ejemplo, un neurocirujano que padece de artritis no podría continuar en su profesión aunque
ese grado de invalidez sea inferior a 66% que establecen las normas vigentes.